El 'Encuentro de Pueblos de Mesoamérica' concluye apelando a la defensa y organización de los pueblos frente a las grandes corporaciones mineras

Cartel del encuentro mesoamericano
Con el objetivo de analizar las consecuencias de la minería tóxica en los territorios de Mesoamérica y generar alternativas de defensa y organización popular, del 17 al 20 de enero se celebró en la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez un encuentro bajo el título "Sí a la Vida No a la Minería" en el que fue analizada la situación regional y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Mesoamérica y América del Sur amenazadas por proyectos de explotación minera.

El encuentro se inició el día 17 con la participación de 400 personas, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos, así como representantes de colectivos venidos de todo México. En la primera jornada de trabajo, se analizó el modelo extractivista como base económica y supuesto desarrollo para los países, llegando a la conclusión de que lo que realmente supone, es una forma de despojo para los pueblos indígenas.

Durante el segundo día del encuentro, la jornada se centró en el panel denominado "Acciones desde los pueblos contra la minería", en el que David Pereyra, delegado de El Salvador, describió los impactos que han tenido lugar en el país mesoamericano a raíz de la modificación de la legislación sobre minería. En este mismo panel participó el activista canadiense John Cutfeet, representante del movimiento indígena “Basta de Pasividad”, quien planteó los logros que ha tenido su movimiento al obligar a dos empresas mineras a salir de sus territorios, así como exigir a su gobierno a consultar a los pueblos de Ontario sobre cualquier actividad minera que afecte sus territorios. Señaló que una de sus principales demandas al gobierno de Canadá consiste en: “Crear una legislación que reconozca los derechos de las naciones indígenas a sus leyes, principios de gobierno, tradiciones y territorio.

Este panel internacional contó también con la intervención de Francisco Rocael y Pascual Martín, delegados de Guatemala, quienes describieron el proceso de Consulta Comunitaria a los pueblos afectados por la actividad minera. Francisco Rocael mencionó que “las consultas son un elemento ancestral de los pueblos para definir sus modos de vida y sustentabilidad”. Por su parte Pascual Martín hizo énfasis en “humanizar en todo momento las luchas de los pueblos y globalizar las esperanzas.

Finalmente, y tras varios días de mesas de trabajo, el encuentro finalizó el día 20 emitiendo una declaración final (leer), y demandando la defensa de la vida y el derecho a decidir las formas de producción económica, social, política y cultural de los pueblos originarios y las comunidades frente al denominado "desarrollo impuesto".


En Capulálpam de Méndez se han venido denunciando desde el año 2006 graves afectaciones de empresas mineras al territorio comunal, a acuíferos y manantiales, al Rio Capulálpam y Rio Grande y a áreas que aportan agua y vida a la comunidad de Capulálpam, así como graves violaciones de los derechos humanos reconocidos en la legislación mexicana e internacional que protegen a los pueblos indígenas en los casos en que inversiones para la explotación del subsuelo pongan en riesgo la subsistencia de las comunidades. En este sentido, es conocido el impacto que las compañías La Natividad y Anexas, Continuum Resources y Minera Sundance han causado en Capulálpam debido a la explotación de minerales y en la asignación de concesiones mineras por parte del gobierno federal a dichas empresas, y también que la instalación de la Empresa Minera Cuzcatlán, S.A de C.V- Filial de Fortuna Silver Mines- en San José del Progreso, ha ocasionado y promovido la violencia y la confrontación al interior de la comunidad, cobrándose la vida de dos activistas defensores de la comunidad frente a la megaminería con sustancias tóxicas.

En México se han documentado de manera fehaciente toda una serie de problemáticas relacionadas directamente con la entrada de empresas transnacionales mineras, como en el caso de Baja California Sur, San Luís Potosí, Nayarit, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En este último estado, se ha agudizado de forma alarmante la problemática social por proyectos mineros, tales son los casos de Capulálpam de Méndez en la Sierra Juárez y San José del Progreso en el Valle de Ocotlán. 

AM/Red
24.1.2013

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