Gian Carlo Delgado Ramos: "El interés público de los mexicanos es el negocio de los privados"

Máxima expectación durante el acto sobre minería tóxica en México organizado en BCS (Foto: CEMDA)






















En el marco del simposio celebrado el 1 de marzo en la capital del estado mexicano de Baja California Sur sobre la Gran Minería en México, y organizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Medio Ambiente y Sociedad A.C., la Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C., y la organización Agua vale más que Oro, dos expertos analizaron desde el punto de vista académico y práctico las afectaciones socioambientales y a la salud de los proyectos que emplean sustancias tóxicas en la obtención del recurso mineral, dejando claro que la permisiva legislación mexicana ha dado pie a la creación de numerosos conflictos por todo el país.

Sergio Serrano Soriano, de la Organización de la Sociedad Civil 'Pro San Luís Ecológico', relató el nacimiento "desde 2004-2005" del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xabier en el Cerro de San Pedro, estado de San Luís Potosí, proyecto que estuvo diez años parado desde 1996 gracias a las movilizaciones populares y a la vía legal, llegando incluso a cancelar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) pero que finalmente fue autorizado a iniciar operaciones en 2007, "tras una serie de actos de corrupción" tolerados por el gobierno del ex-presidente Fox.

Serrano Soriano señaló que el Cerro de San Pedro, que para los habitantes de San Luís Potosí "tiene un valor cultural importantísimo", es reflejo de la vieja minería en el estado y un símbolo y un emblema, que ahora se ve atacado por los usos de un proyecto megaminero que emplea a diario 13 toneladas diarias de explosivos, 32 millones de litros de agua, y 16 toneladas de cianuro para efectuar la lixiviación del mineral en precarias condiciones de seguridad, dejando "inservibles para siempre" los terrenos acaparados por la minera.

En cuanto a los problemas generados por el proyecto, indicó que "el pueblo no tiene agua y la minera sí" y que, de hecho, la zona vive del agua de los mantos freáticos, por lo que la contaminación por cianuro pone en grave riesgo la pervivencia de las comunidades cuando, en la Constitución mexicana, está establecido "que el derecho al agua es un derecho humano".

Asimismo, la dispersión de los metales pesados, fuente de problemas de salud en la población, la devastación total del paisaje, con ecosistemas imposibles de recuperar, y la desaparición de ruinas centenarias de gran valor arqueológico.

El gran daño, para Serrano Soriano, es el que afecta a la "división de las comunidades" y al problema de soberaría creado cuando las poblaciones afectadas están rodeadas por terrenos concesionados a las mineras, vigilados por cuerpos de seguridad propios, "que hacen perder soberaría a los pueblos sobre el territorio". Por eso, señala, se ha conseguido que gran parte de la ciudadanía de San Luís Potosí "vuelva sus ojos" hacia el Cerro de San Pedro. "Vamos a buscar el arbitraje internacional para que se sepa que por la fuerza no se pueden hacer esos proyectos", concluye.

Por su parte, Gian Carlo Delgado Ramos, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, estableció de partida que en el contexto de la situación actual “China e India demandan volúmenes de minerales cada vez mayores, compitiendo y alterando los flujos de minería a nivel internacional”. Para este especialista el avance tecnológico ha hecho que se demanden nuevos minerales, orientados a las tecnologías "militar, aeroespacial y satelital", en la que los países "se juegan" la hegemonía económica a partir de estos recursos. De hecho, en su opinión, "todo el país está plagado de recursos naturales estratégicos".

En lo referente a las explotaciones mineras de oro, Delgado Ramos señaló que a nivel internacional, ha disminuído el uso de este metal en tareas de joyería, aumentando, no obstante, su uso como reserva estratégica debido a la crisis mundial y que "el proceso de acumulación de capital va vinculado a la extracción de oro", lo que ha hecho que México se esté convitiendo en un territorio "especializado" en su extracción siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, que en ningún caso "convienen" al país, pues se está incitando a la depredación de los recursos naturales.

Esto ha fomentado que, con leyes mineras permisivas y un evidente atraso a nivel jurídico, México "esté regalando" las dos terceras partes del oro extraído de 2001 a 2010, en concesiones a 50 años sobre las que no se impone un pago de regalías sobre la producción de minerales.

Para Delgado Ramos, esto ha derivado en una situación de "co-gobierno", donde la industria minera "llega a poner millones" en municipios donde no llega el estado mexicano ocupando, en la práctica, "los espacios que debería ocupar el gobierno" a través de programas de responsabidad social empresarial que terminan por favorecer, como en otros países, la violación de los derechos humanos, primando el uso del suelo para las actividades mineras frente a la producción de alimentos "aunque el país importa el 40% de lo que necesita en ese sentido". Frente a esta situación "hay una clara desprotección de los pueblos, sobre todo de los pueblos indígenas".

El experto, finalmente, se pregunta dónde están las obligaciones de la industria minera cuando hay total permisividad a nivel público y se carecen de mecanismos de verificación, por ejemplo en proyectos como el sudcaliforniano 'La Pitalla', "donde cada gramo de oro de este proyecto, trae detrás seiscientos mil gramos de insumos y contaminantes".

AM/Red
3.3.2013

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